Comunicación Abierta COP 26

COMUNICACIÓN ABIERTA PROGRAMAS WATERKEEPER® LATINOAMERICANOS COP 26, Glasgow, Escocia

Estimados presidentes y tomadores de decisiones de Latinoamérica y países listados en el Anexo I de la Convención

Los voceros de los programas Waterkeeper® latinoamericanos, Maule Itata Coastkeeper, Futaleufú Riverkeeper en Chile; Bocas de Ceniza Waterkeeper, Cartagena Baykeeper, Rio Inírida Waterkeeper, en Colombia; Guanabara Baykeeper, en Brasil; Rio Mapacho Waterkeeper, Ramis Riverkeeper, Amazonas Perú Waterkeeper, en Perú; Guayllabamba Waterkeeper, en Ecuador; Jiquilisco Bay Waterkeeper, en El Salvador; Tijuana Waterkeeper, Loreto Coastkeeper, Cabo Pulmo Coast Waterkeeper, en México; Lake Atitlan Waterkeeper y Rio Motagua Waterkeeper en Guatemala; miembros de Waterkeeper® Alliance[1], en el marco de la Conferencia de las Partes (COP 26), de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCM), -en adelante la Convención-, hacemos un llamado a los líderes latinoamericanos y tomadores de decisiones y a los líderes de los países incluidos en el anexo I de la Convención, para que refuercen los compromisos adquiridos como Partes de la Convención y el Acuerdo de París, y en especial, para que la lucha contra el cambio climático a nivel latinoamericano se centre en la disminución gradual y progresiva de la economía fundamentada en el extractivismo; se fortalezca a nivel administrativo, financiero, político y penal la batalla en contra de la deforestación y la pérdida de biodiversidad; se incrementen las inversiones en medidas de adaptación basadas en la naturaleza; se incluya en la gestión integral del agua el cambio climático desde la oferta, la demanda, la calidad y la gestión del riesgo; se diseñen estrategias financieras viables que incentiven el uso de energías limpias y se desincentive el uso de combustibles fósiles para la generación de energía; lo anterior, teniendo en cuenta los principios de equidad, responsabilidades comunes pero diferenciadas y las circunstancias nacionales de cada Estado, basados en la mejor información científica disponible.

Teniendo en cuenta que:


  • El reciente informe del Grupo de Trabajo No. 1 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), sobre la base de las ciencias físicas (AR6 WG1), nos advierte que los cambios sobre la biosfera terrestre desde 1970 son consistentes con el calentamiento global; que la temperatura de la superficie global ha aumentado más rápidamente desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante al menos los últimos 2000 años; que en 2019, las concentraciones de CO2 atmosférico fueron más altas que en cualquier otro momento en al menos 2 millones de años; que las concentraciones de CH4 y N2O fueron más altas que en cualquier momento en al menos 800,000 años y que el nivel medio del mar global ha aumentado más rápidamente desde 1900 que en cualquier siglo anterior en al menos el último 3000 años[2]; se demanda de los gobiernos tomar medidas urgentes para acelerar la implementación de acciones que permitan el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París en el corto plazo, lo cual no se podrá lograr si cada Estado Parte no cumple a cabalidad con las obligaciones contraídas en el marco de la Convención y el Acuerdo de París, al no tener actualizada toda la información -vital-, técnica y científica que se requiere para la toma de decisiones.
  • El cambio climático y la pérdida de biodiversidad representan los llamados “límites principales” (core boundaries) en el marco de los nueve límites planetarios (Planetary Boundaries Framework, PBF)[3], los cuales estamos ad portas de sobrepasar.
  • Las autoridades públicas y los sistemas de gobernanza “han fallado en abordar las formas en que los recientes cambios en la economía política internacional se combinan con las inestabilidades ambientales del Antropoceno, provocando el aumento de los riesgos epidemiológicos” (Cocciolo, 2021).[4]
  • Teniendo presente el concepto de justicia planetaria[5], es inminente que los Estados avancen en el marco de la ética, la transparencia, la solidaridad y equidad intergeneracional hacia una nueva gobernanza que permita detener la amenaza del cambio climático, fundamentada en los derechos humanos, tanto derechos sustantivos como procedimentales, así como los enfoques basados en los ecosistemas como marcos normativos para los desafíos éticos a los que se enfrenta la gobernanza global en la época del Antropoceno (Marqués & Cocciolo 2021).
  • La Comunicación Nacional es el principal mecanismo de reporte que tienen las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), para informar a todos los países miembros de la Convención y la comunidad internacional en general, sobre los avances en la implementación de la Convención y de sus logros en la lucha contra el cambio climático, constituyendo a nivel interno e internacional la mejor fuente de información para la toma de decisiones; los países se comprometieron además, desde el año 2012 a presentar informes bienales de actualización de sus comunicaciones nacionales, así como a incluir la actualización de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI); observándose que hay países en la región más avanzados en el cumplimiento de sus obligaciones y otros, aún rezagados en la actualización y reporte de información.
  • Que la transparencia en la elaboración de los inventarios nacionales de GEI, y en la determinación de las “incertidumbres”, es vital para que las decisiones que se tomen, así como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que se adopten sean efectivas para lograr los objetivos de mitigación y adaptación del Acuerdo de París.
  • Teniendo en cuenta el estado actual de los países de la región respecto de sus obligaciones, es inminente rediseñar políticas públicas y contar con el apoyo internacional para lograr metas más ambiciosas (condicionadas) que permitan disminuir las emisiones de GEI, (ver tabla con el estado actual de cada país).
  • Conforme a los datos oficiales compilados en la tabla mencionada anteriormente, se observa con preocupación que la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Brasil (NDC), es irrisoria teniendo en cuenta que este país se encuentra dentro de los cinco países con mayor acumulación de emisiones de GEI en el planeta desde 1850 al 2021 (Carbon brief 2021)[6] y que sus NDC están formuladas teniendo en cuenta una línea base a 2005, lo que sin duda va en contravía de la transparencia y de un compromiso real para reducir sus emisiones.
  • Acorde con el reporte citado anteriormente la deforestación constituye la principal causa de emisiones en Brasil y el último inventario de Brasil (2016), señala que las emisiones netas del sector UTCUTS representaron el 41,8% por la conversión del uso del suelo de zonas de bosque natural convertidos en pastizales.
  • Colombia y Brasil como países amazónicos deben fortalecer la lucha frontal contra la deforestación y el cambio en el uso del suelo de bosques naturales, siendo el Pacto de Leticia uno de los principales instrumentos en esta lucha; sin embargo, debe haber mayor transparencia en la ejecución del Plan de Acción y una participación real y efectiva de los pueblos originarios y comunidades étnicas de la cuenca amazónica para la toma de decisiones.
  • Teniendo en cuenta el capital semilla aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el fondo creado para la implementación del Pacto de Leticia, la banca multilateral y los países listados en el Anexo I de la Convención deben propender por la creación de instancias de participación ciudadana para el seguimiento del Pacto de Leticia.
  • Colombia en la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional señala que “el cambio climático también tiene impacto sobre los derechos humanos y que éstos son diferenciados hacia grupos con desigualdades e inequidades preexistentes; sin embargo, el país aún no ratifica el Acuerdo de Escazú.
  • Con preocupación se observa que Colombia, Brasil y Perú, países que basan su economía en el modelo extractivista, y cuyas tasas de deforestación son altísimas, (así como peligroso ser defensor del ambiente y de los derechos humanos en estos países), aún no ratifican el Acuerdo de Escazú.
  • El fortalecimiento de los derechos de acceso es asunto vital en la lucha contra el cambio climático.

Conforme a lo expuesto, sobre la base de la equidad y de conformidad con las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, teniendo plenamente en cuenta las diferentes circunstancias de cada país y con arreglo a los principios y disposiciones de la Convención, solicitamos e instamos a los presidentes, tomadores de decisiones de Latinoamérica, Unión Europea y demás países incluidos en el Anexo I de la Convención a lo siguiente:

 

  1. Inicien la transición de una economía basada en el extractivismo hacia una economía que le apueste a la agroindustria, y el desarrollo tecnológico e industrial de bienes, productos y servicios no pertenecientes al sector minero-energético de combustibles fósiles.
  2. Que en el marco del Convenio 169 de la OIT y demás marcos jurídicos nacionales e internacionales, los pueblos originarios y demás comunidades étnicas, al estar íntimamente vinculados a sus territorios, formando una sola entidad bajo el concepto de bioculturalidad, sean consultados, escuchados y tenidos en cuenta para la toma de decisiones en relación con toda inversión, proyectos o actividades que amenacen sus territorios y microcosmos.
  3. Coherencia en el discurso en relación con las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), de cada país para alcanzar los objetivos y metas del Acuerdo de París. Disminución gradual y sostenida de proyectos minero-energéticos de combustibles fósiles; no licenciamiento ambiental de proyectos de exploración y explotación minera en páramos y/o ecosistemas estratégicos para la regulación del ciclo hidrológico y proyectos costa afuera, entre otros, que obstruyan el cumplimiento de las metas de reducción de gases de efecto invernadero al 2030 y la carbono neutralidad al 2050, así como la protección real del océano y los ecosistemas terrestres y acuáticos.
  4. Que Colombia desista de los proyectos de fracking y la fumigación con glifosato. Insistir en ellos evidencia falta de transparencia y el doble estándar ante la comunidad nacional e internacional.
  5. Que Ecuador elimine como línea de acción de mitigación del escenario incondicional para el sector energía, la iniciativa de desarrollo de centrales hidroeléctricas.
  6. Que los gobiernos latinoamericanos que se encuentran rezagados en la presentación de sus comunicaciones nacionales, en la presentación de los informes bienales de actualización (BUR, por sus siglas en inglés), así como en la actualización del inventario nacional de gases de efecto invernadero (INGEI), en el marco de la Convención, realicen todos los arreglos institucionales para actualizar sus inventarios nacionales de GEI y presentar sus comunicaciones nacionales; enfatizando de manera especial, el compromiso de utilizar la mejor información disponible, procurar el no retroceso y la progresión de la ambición.
  7. Que los países listados en el Anexo I de la Convención, la banca multilateral y los fondos ambientales, apoyen técnica y financieramente a los países de la región más rezagados en el cumplimiento de sus obligaciones para que actualicen su información, bajo los estándares científicos y técnicos requeridos por la Convención y el IPCC.
  8. Que los países listados en el Anexo I de la Convención, la banca multilateral y los fondos ambientales apoyen a los países de la región en sus metas condicionadas para lograr la meta más ambiciosa de reducción de emisiones conforme a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de cada país.
  9. Que los países listados en el Anexo I de la Convención y la banca multilateral, apoyen técnica y financieramente a los países de la región para que puedan avanzar en la consolidación y modelación de la información en materia de emisiones, incluyendo todos los sectores posibles.
  10. Se insta a los países listados en el Anexo I de la Convención, a que no inviertan en proyectos extractivistas de combustibles fósiles, extracción costa afuera, etc., en la región latinoamericana. En consecuencia, se invierta en proyectos que desarrollen las energías limpias.
  11. Se rechace el concepto de las hidroeléctricas como fuentes de energía limpia.
  12. Que Brasil actualice sus NDC conforme al último inventario de emisiones y no frente a las emisiones reportadas en el año 2005 y se esfuerce aún más para llegar a la cero neutralidad para el año 2050.
  13. Que Brasil actualice su inventario nacional de GEI al año 2018.
  14. Que los países listados en el Anexo I de la Convención y la banca multilateral, insten a los gobiernos de la región a garantizar los derechos de acceso; en especial insten a Colombia, Brasil, Perú, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, a que ratifiquen el Acuerdo de Escazú.
  15. Que los países listados en el Anexo I de la Convención, y la banca multilateral, insten a Chile y El Salvador a adherirse al Acuerdo de Escazú.
  16. Se solicite a los gobiernos latinoamericanos (como beneficiarios de donaciones e inversiones provenientes de la Unión Europea y demás países listados en el Anexo I de la Convención), mayor transparencia en las decisiones que puedan afectar comunidades, recursos naturales y medio ambiente, exigiendo a dichos gobiernos instancias de participación ciudadana que conduzcan al fortalecimiento de la gobernanza ambiental y climática.

Waterkeepers de Latinoamérica


  • APREC Ecossistemas Costeiros (Guanabara Baykeeper)
  • Vigilante Costero. Ong (Maule Itata Coastkeeper)
  • Rio Mapacho Waterkeeper
  • Fagucar (Cartagena Baykeeper)
  • Fundación Guardaguas de Ecosistemas Marinos y Costeros Bocas de Ceniza (Bocas de Ceniza Waterkeeper)
  • Rio Inírida Waterkeeper
  • Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental- PFEA- (Tijuana Waterkeeper)
  • Loreto Coastkeeper / Eco-Alianza de Loreto A.C
  • Asociación Amigos del Lago de Atitlán (Lake Atitlan Waterkeeper)
  • Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo A.C (Cabo Pulmo Coast Waterkeeper)
  • Asociación Guayllabamba Waterkeeper
  • Derecho, Ambiente y Recursos Naturales- DAR- (Amazonas Perú Waterkeeper)
  • Ramis Riverkeeper-Perú
  • Fundación Futaleufú Riverkeeper
  • Asociación Mangle (Jiquilisco Bay Waterkeeper)
  • Alianza de Derecho Ambiental y Agua, ADA2

[1]Waterkeeper Alliance Inc., is a 20-year-old non-governmental organization that strengthens and grows a global network of local leaders protecting everyone’s right to clean water.

[2] IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

[3] PowerPoint Presentation (gruene-europa.de)

[4] Cocciolo Endrius, 2021. Cambio Climático En Tiempos de Emergencia.

[5] (Biermann y Kalfagianni, 2020). En este contexto, la justicia planetaria surge como una elaboración de las ideas anteriores sobre la justicia global desde la perspectiva de la gobernanza del sistema terrestre y de los límites planetarios (citados por Cocciolo 2021).

[6] Cambio climático: los 5 países que más han contribuido históricamente al calentamiento global – BBC News Mundo